Tres bodegas presentan una demanda federal contra el Condado de Napa

Un grupo de bodegas de Napa se ha unido para denunciar la "violación de sus derechos civiles" al impedírseles celebrar catas in situ.

Las bodegas Hopper Creek, Summit Lake Vineyards y Smith-Madrone Vineyards & Winery han pedido al Fiscal General de California que investigue si tienen o no derecho legal a realizar catas y visitas públicas en sus fincas.

Las tres bodegas contrademandan al condado de Napa en respuesta a la persecución de que fueron objeto el año pasado por realizar catas en sus propiedades, algo a lo que consideran que tienen derecho.

En el centro de la disputa está un cambio normativo que entró en vigor en 1990 para limitar el número de catas y actos públicos que se celebran en el condado de Napa. Se esperaba que la ley ayudara a gestionar el tráfico y los niveles de turismo en una región vinícola ya de por sí concurrida y abarrotada.

Sin embargo, las tres bodegas mencionadas alegan que están exentas de la prohibición de degustación, ya que sus negocios existían antes del cambio de norma.

Al frente del caso está la propietaria de Hopper Creek, Lindsay Hoopes, una ex fiscal que dejó su trabajo de abogada para hacerse cargo del negocio familiar de vinos cuando su padre enfermó.

"En este caso, el condado nos está arrebatando derechos de propiedad sustanciales en los que hemos invertido durante décadas. Cualquier privación de derechos sin las debidas garantías procesales constituye una violación constitucional de la Ley de Derechos Civiles", declaró Hoopes.

"Como ex fiscal, sé que una investigación sobre las medidas adoptadas por el Condado de Napa demostrará un patrón y una práctica de discriminación contra clases específicas de propietarios de tierras y pequeñas empresas. Somos pequeñas bodegas que llevan funcionando más de 40 años".

Hoopes afirma que el gobierno del condado de Napa está "utilizando sus poderes policiales de una forma completamente canalla y carente de mérito legal" y ha calificado los esfuerzos del gobierno local por impedir que su negocio prospere como "un esfuerzo ilegal por confiscar derechos de propiedad que poseemos desde hace décadas".

"Si estos funcionarios investigan esta conducta, es difícil imaginar que no intervengan y nos protejan de esta extralimitación gubernamental extraordinaria e ilegal", añadió.

El fiscal del condado de Napa, Arthur Hartinger, emitió el siguiente comunicado: "Una exención de permiso de uso no permite realizar visitas, catas o consumir vino en las instalaciones. El propietario anterior, llamado bodega Hopper Creek, sólo poseía la exención de permiso de uso y eso es lo que Hoopes compró".

Heather Griffin, propietaria de la bodega Summit Lake, dijo que cada año se pierden más bodegas familiares y pequeñas empresas "debido al entorno empresarial hostil que ha creado el condado de Napa."

"Pedimos al gobierno estatal y federal que intervengan y nos ayuden a proteger lo que ha sido un lugar especial", dijo Griffin.

Stu Smith, copropietario de Smith-Madrone, la tercera bodega implicada en la acción legal, ha afirmado que, dado que adquirió su permiso en 1973, debería tener derecho a celebrar un número ilimitado de eventos en su bodega. Sin embargo, el año pasado descubrió por casualidad, a través de una base de datos del condado de Napa, que se habían impuesto límites a la bodega, sin su conocimiento, para restringir el número de visitas a la bodega permitidas por semana a sólo 10, sin eventos.

"Nunca se pusieron en contacto con nosotros. Nunca nos dieron una audiencia al respecto. Nunca nos lo notificaron", dijo Smith.

El juicio entre las tres bodegas y el condado de Napa está previsto para principios del año que viene.

Refiriéndose a los intentos del condado de Napa de frenar las actividades de pequeñas bodegas como Hopper Creek, Hoopes añadió: "El objetivo [del condado de Napa] es ganar sin escatimar costes ni gastos. Y esto es algo que se está llevando a cabo con dinero de los contribuyentes".